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Los derechos humanos en Chiapas |  |
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Hace unos meses había una gran expectativa en torno a los resultados de los procesos electorales, tanto el federal como el estatal. Los resultados, para algunos sectores de la sociedad civil, han significado una posibilidad que entrelaza las esperanzas en los cambios; otros tienen desconfianza y piensan que se abre una fuerte tendencia a derechizar el rumbo del país, y para algunos más es una oportunidad, aunque no se vislumbre con claridad hacia dónde vamos. No obstante, este es un tiempo que nos marca una pauta para revisar, redefinir situaciones y acciones, de la cual no estamos exentos los organismos de derechos humanos. Para quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chiapas, la realidad de la guerra nos hace vivir cotidianamente con un pueblo que sigue siendo atropellado, violentado, donde aún no hay lugar para dignificar los procesos de lucha de los pueblos indígenas puesto que los niños, las niñas, los hombres y las mujeres, son agraviados en sus derechos. La situación de los derechos humanos en Chiapas se ha caracterizado por una creciente motivación a la violencia en varias regiones del estado. Me permito traer a la memoria algunos de estos hechos, lo que nos dará la posibilidad de reflexionar, incomodarnos... Seguramente algún lector se sentirá interpelado; eso intento al presentar ese rostro de Chiapas que no puede ser ocultado. Desde agosto de 1999, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió un informe a propósito de una nueva ofensiva militar cuyas víctimas principales han sido comunidades de varias regiones de los municipios de Ocosingo y Las Margaritas, entre otros. Esto se ha manifestado en acciones contrainsurgentes que han propiciado la violación de derechos humanos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales. Las violaciones a los derechos humanos son también consecuencia de la pobreza y marginación que se acentúan en las comunidades de Chiapas, sobre todo las campesinas e indígenas. Manifestaciones de esto son, por ejemplo, el deterioro en los precios de productos como el café, artículo principal para la economía de muchas regiones, que se ha devaluado y afectado la economía de las familias. Otro aspecto importante es el efecto de la militarización, que ha tenido como consecuencia que los campesinos y mujeres indígenas no puedan realizar el trabajo cotidiano en sus parcelas; no sólo por el riesgo que implica salir a trabajar a las comunidades, sino por el asentamiento de militares en sus tierras, lo cual implica la violación de derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades. En Chiapas existen proyectos impulsados por grandes empresas como Pulsar, que en algunas regiones siembran eucalipto y palma africana, entre otras plantas que, según estudios de especialistas, a largo plazo deterioran las condiciones de la tierra y la dejan inservible para la siembra de maíz y frijol. Simultáneamente, diversas instituciones académicas investigan las propiedades de plantas y animales. No nos oponemos al desarrollo intelectual, económico o social, pero no se pueden poner éste y su usufructo por encima de los recursos naturales. No se puede hablar en aras del desarrollo, de la expropiación de los recursos, de los cuales los pueblos indígenas son los dueños. Hoy está en disputa la propiedad intelectual de los recursos naturales que hay en las comunidades indígenas. Pareciera que el destino es entrar en procesos de globalización, cuando bien sabemos que estos no son una alternativa que posibilite condiciones dignas para el desarrollo y la vida de estos pueblos; por el contrario, se pretende despojarlos de sus recursos, atentando en contra de su territorio y de su autonomía. A partir de abril del 2000 comenzó un disenso agrario en la región de Montes Azules. El conflicto inició por problemas ecológicos supuestamente causados por las comunidades ubicadas en parte de la reserva ecológica de Montes Azules, tierras pobladas, entre otros, por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que fueron acusadas de provocar incendios. En los primeros días de mayo se anunciaba el alto riesgo de que miles de hectáreas de la reserva fueran exterminadas por el fuego provocado para la siembra del maíz, bajo el sistema de tumba, roza y quema. Cabe señalar que entonces no eran los tiempos para las quemas y que hasta el momento no se han presentado incendios. Este conflicto fue utilizado para la entrada de la Policía Federal Preventiva. Según declaró Wilfrido Robledo, comisionado de esa corporación, se trató de un operativo solicitado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) para detener a los provocadores de incendios forestales, y abrió la posibilidad de que se pudiera desalojar a las comunidades instaladas en esa zona, en su mayoría bases de apoyo del EZLN y miembros de la organización campesina Asociación Rural de Interés Colectivo (Aric) independiente. Días después, la encargada de la Semarnap señaló que ellos nunca habían solicitado la presencia de la corporación policiaca. No obstante, la misma secretaría declaró que si la reserva continúa con los pobladores actuales desaparecerá en 15 años, lo cual, según especialistas en cuestiones forestales, es falso. El anuncio del posible desalojo ha sido una provocación hacia las comunidades, además de que es un hecho extraño la entrada de una policía preventiva en operativos para cuestiones forestales. El dirigente de la Aric independiente, Porfirio Encino, dijo que el propósito del gobierno al desalojar a cientos de familias de la reserva de Montes Azules, en la selva lacandona, sería militarizar más la zona y continuar el cerco contra miembros del EZLN. Entre las comunidades se hizo el conteo de las familias que se verían afectadas: 640. Las comunidades señalaron que no saldrían de sus tierras y que las defenderían hasta con la vida. Las condiciones de violencia en Chiapas se agudizan al no resolverse problemas desde sus raíces. Una muestra de ello es la paramilitarización, por la cual los más de 15 mil desplazados que se ubican por ejemplo en el municipio de Chenalhó solamente tienen las mínimas condiciones para sobrevivir, a pesar de los apoyos de diversas organizaciones humanitarias como Cáritas, la diócesis, Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Mexicana, entre otras. En los últimos meses, desplazados de estas regiones son reubicados en algunas regiones de la selva; en el caso particular de las personas agraviadas por la masacre de Acteal, continúan siendo hostigadas por los paramilitares, lo cual genera terror, los aleja de la posibilidad de retornar a sus comunidades de origen o los lleva a buscar su reubicación en otros sitios, ante las lamentables situaciones que viven, como la muerte de menores de edad por enfermedades gastrointestinales, abortos ocasionados por los esfuerzos de las mujeres al cargar madera para la preparación de sus comidas, la insuficiencia de agua para asearse y evitar enfermedades, así como la presión gubernamental para que retornen, a través de la promesa de crear condiciones de distensión, las cuales no han sido promovidas ni propiciadas por las autoridades estatales o municipales. Por el contrario, han acentuado la violencia. Pese a que algunos medios de comunicación y el gobierno federal se han empeñado en manifestar que no hay tensión, violencia ni guerra en Chiapas, ésta sigue desarrollándose de diversas formas, para lo cual es importante mencionar algunos ejemplos que no agotan las muchas denuncias que recibimos en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El jueves 3 de agosto, 30 miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia desalojaron a los habitantes de los predios Progreso y El Paraíso, del municipio de Yajalón. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, los paramilitares, algunos portando uniformes similares a los de la policía de Seguridad Pública y otros encapuchados, penetraron sorpresivamente a las comunidades y comenzaron a disparar contra las casas de quienes habitan los predios, pertenecientes a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ). Los hombres habían salido a trabajar, por lo que el ataque se dirigió a las mujeres y los niños, quienes salieron huyendo a refugiarse en las montañas. Una mujer recibió golpes y, según relatan, las balas rozaban a los niños en la huida. Los paramilitares quemaron seis casas y robaron televisiones, radiograbadoras, animales, maíz, frijol, máquinas despulpadoras y bombas de riego; también fueron robadas las credenciales de elector de varias familias. El pasado 9 de agosto, en el municipio de Yajalón, elementos del ejército y de la PGR penetraron de manera aparatosa en el predio El Paraíso con el supuesto fin de proteger a la población y restaurar el estado de derecho. El operativo se realizó una semana después de que un grupo paramilitar atacó y desalojó a familias de la comunidad Tierra y Libertad que ocupaban ese predio y cinco días después de que los agraviados presentaran la denuncia de los hechos ante la Procuraduría de Justicia del estado. Habiendo dado todo el tiempo necesario para que los agresores se retiraran o escondieran sus armas, elementos de la PGR declararon a la prensa que no encontraron ningún grupo armado. Ante esto surge la pregunta de si el operativo tenía el propósito de encontrar a los culpables de la agresión o simplemente de intimidar a la población y simular que se investiga. Inmediatamente después del violento desalojo, el procurador de Justicia del estado desestimó las versiones de testigos, incluyendo a la prensa, que daban fe de la actuación de un grupo armado cuyos integrantes se reconocieron como miembros de Paz y Justicia. Ahora, autoridades estatales y municipales que no cumplieron su obligación de prevenir la alteración del orden público, ni actuaron durante las cerca de 48 horas en que el grupo armado estuvo en flagrancia "custodiando" el predio, han convocado a una mesa de negociación entre los dos grupos que reclaman el derecho a la misma tierra, abocándose exclusivamente al problema agrario e ignorando totalmente la actuación de los paramilitares, pese a que la población agredida les ha pedido repetidamente que se ocupen de ello. Si en el futuro llegara a realizarse una investigación sobre este caso, aunque fuera medianamente satisfactoria, estas autoridades se verían en una situación muy similar a la del destacamento de Seguridad Pública estacionado en las afueras de Acteal el día de la masacre, cuyos miembros fueron hallados culpables del delito de homicidio por omisión. El desalojo fue encabezado por Mario Cruz Pérez y Alonso Entzin López, originarios del ejido Emiliano Zapata, municipio de Yajalón, a quienes señalan como dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Entre los agresores fueron identificados también Javier Hidalgo López, Chembert Hidalgo López, Miguel Hidalgo López, Pedro Entzin Pérez, Juan Entzin Pérez y Diego Entzin Guzmán. Según testimonios, en el ataque participaron paramilitares de los municipios de Tila, Tumalá y Sabanilla. Las personas agredidas señalan como responsables al diputado Raymundo Trujillo y al regidor Marcos Albino Torres. Desde el momento del desalojo y hasta la noche del jueves 10, no cesaron los disparos pese a que desde ese mismo día las familias dieron aviso de la situación al procurador general de Justicia del estado y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El viernes 4 de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitó información al procurador, quien respondió que se trataba solamente de rumores. Este hecho recuerda los días previos a la masacre de Acteal, pues las autoridades, al hacer caso omiso de la alarmante situación del municipio de Chenalhó, permitieron que se llevara a cabo. Además, resulta sumamente sorprendente que la cercanía del lugar donde se perpetró el ataque con la cabecera municipal y con las instalaciones militares y policiacas no haya sido suficiente para que las autoridades actuaran para prevenir o para detener a los civiles armados, pese a que según testigos, el tiroteo se escuchaba hasta Yajalón. El 10 de agosto, indígenas tzotziles de la organización Las Abejas marcharon por las calles de San Cristóbal de Las Casas y realizaron un mitin para denunciar que, a 954 días de la masacre de Acteal, siguen esperando justicia de las autoridades. Las Abejas manifestaron que, dos años y medio después de aquella tragedia, los desplazados no han podido retornar a sus hogares, los paramilitares no han sido desmantelados, los funcionarios del gobierno de Ruiz Ferro señalados como responsables de la matanza no han sido castigados y el actual gobierno estatal no ha cumplido los compromisos contraídos con esa organización para posibilitar el retorno de los desplazados. Los miembros de Las Abejas exigieron, además, la indemnización por los robos de que fueron víctimas, la desmilitarización del estado de Chiapas y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. La víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se cumplió un año de que el ejército mexicano invadiera, sin ninguna justificación legal, tierras del ejido Amador Hernández, desatando una crisis política que se caracterizó, entre otras cosas, por la ola de regionalismo xenófobo que promovieron el gobernador del estado y el cabildo de San Cristóbal de Las Casas. Un año después, el ejército sigue ocupando de manera inconstitucional tierras indígenas. Ante esta violación de las garantías individuales y de los derechos indígenas, el CDHFBC, en representación de la comunidad agraviada, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito. La CNDH ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que buscaría una "amigable composición" para que el ejército se retirara de ese y de otros predios que ocupa "sin cumplir con los actos jurídicos correspondientes". La demanda de amparo fue desechada con el argumento de que no se habían agotado las instancias previas, por lo que el CDHFBC interpuso un recurso de revisión que está siendo estudiado por magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Entendemos el desechamiento de la demanda como reflejo del desmantelamiento de la protección a la propiedad ejidal bajo los regímenes neoliberales. Otro problema que se agudiza es la intolerancia religiosa en el municipio San Juan Chamula. Hemos recibido durante este semestre varias denuncias en el sentido de que caciques de ese municipio amenazan de muerte o de expulsión a pobladores de comunidades como Tzeteltón, Tres Cruces, que profesan la religión católica o la evangélica. Llama la atención que los responsables de la procuración de justicia, bajo el argumento de que las autoridades locales actúan en función de los usos y costumbres, no han castigado a ninguna y permanece la impunidad. Desde 1974 han sido expulsadas más de 25 mil personas en ese municipio, lo que nos muestra un patrón de violaciones a los derechos humanos relacionado con el genocidio. El Centro de Derechos Humanos ha denunciado constantemente esta situación y ha solicitado la intervención de la CNDH. Ese organismo, aunque puede actuar más efectivamente según lo señala su misma reglamentación orgánica, no ha dado una respuesta en la protección y observación de los derechos humanos en este municipio. La agudización de la violencia se ha acentuado por las diversas acciones que realizan los agentes de corporaciones policiacas en municipios como el de Nicolás Ruiz, Chilón, Simojovel, El Bosque y Ocosingo, como los desalojos relacionados con problemas agrarios. La cuestión agraria sigue siendo uno de los nudos centrales del conflicto en Chiapas, y los desalojos con abuso de la fuerza policiaca son una constante, lo cual deriva en numerosas violaciones a los derechos humanos. La creciente militarización en el estado de Chiapas, el abuso en la actuación de los elementos del ejército, quienes hostigan, intimidan a pobladores en los retenes militares en numerosos puntos de la entidad, son un factor más que motiva la violencia. El pasado 17 de septiembre, tres menores fueron víctimas de los entrenamientos militares ya que les explotó un artefacto; un niño perdió la vida y dos más fueron lesionados. Es vergonzoso que las autoridades militares no reconozcan su responsabilidad y tememos que sea un caso más de los muchos que han quedado impunes. Los retenes militares permanecen en Chiapas a pesar de que se ha denunciado de manera constante su inconstitucionalidad, ya que violan garantías como la libertad de tránsito y la seguridad jurídica. Las violaciones a los derechos colectivos de las comunidades son resultado de un proyecto en donde las autoridades federales y estatales han utilizado la fuerza como vía de respuesta a la demanda de conocer y respetar sus derechos; la represión ha agotado las vías de negociación política, motivado un clima de mayor violencia en Chiapas. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas pasa por seguir promoviendo una cultura de los derechos humanos, así como por ser una voz que ante la indignación, ante tanto atropello, nos lleve a buscar sendas que posibiliten crear un rostro de paz, no de guerra para los pueblos indígenas, no sólo de Chiapas sino de todo México. De cara a los resultados de las elecciones federal y estatal, tanto Vicente Fox como Pablo Salazar tienen el reto de entender las condiciones actuales por las que pasa el conflicto en Chiapas; deberán comprender que las causas que dieron origen al levantamiento del EZLN siguen vigentes y, si bien reconocemos los cambios y las perspectivas que plantean los resultados de las elecciones, tampoco podrán decir que ya vivimos en plenitud la democracia en México. Así, mientras diversos sectores de población en el país continúen sin posibilidades de una vida digna y no estén plenamente vigentes los derechos individuales y colectivos, aún queda un amplio horizonte de trabajo para crear las condiciones del cambio. |
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