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Opinión |  |
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El caso Stanley La justicia como espectáculo Litigar en los medios de comunicación parece ser un recurso frecuentemente utilizado entre algunos medios de comunicación y periodistas, que se han tomado en aquello de que la prensa es el cuarto poder y tratan de intervenir indebidamente presionando al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Las dos cadenas de televisión mayores de México a menudo se han unido inescrupulosamente con sectores poderosos de la sociedad y otros grupos de interés, para hacer la apología de los indiciados como posibles responsables de la ejecución del conocido comediante Francisco Stanley. También han atacado con singular vehemencia al entonces Procurador del DF, Samuel Del Villar. Después de la resolución judicial, por la que se pone en libertad a los procesados en este caso y ante la decisión de la Procuraduría del DF de apelar la decisión del juez, es pertinente detenernos a reflexionar sobre la práctica de litigar en los medios de comunicación, como una maniobra que busca incidir en un proceso penal. En un estado de derecho, este proceso, como cualquier otro, debería ser totalmente independiente, imparcial y ajeno a cualquier influencia o coacción exterior. El jefe de gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, aseguró recientemente que no se presionó al juez encargado de la causa y es muy probable que esa sea la actitud del gobierno capitalino; en cambio, no podemos asegurar que dicho dictaminador haya permanecido completamente a salvo de las virulentas campañas promovidas permanentemente desde las televisoras con mayor audiencia en el país. Por otra parte, es ampliamente conocida la escasa confianza de la población en las instituciones oficiales, la debilidad del sistema judicial mexicano respecto de su imparcialidad, autonomía y eficacia. Asimismo la procuración de justicia a menudo se observa entrampada en prácticas viciadas muy difíciles de erradicar. En cambio, la opinión pública parece más dúctil respecto de los mensajes emitidos por radio y televisión. Algunos medios parecieran jugar un papel supletorio del Poder Judicial en casos polémicos que involucran a personajes conocidos (casos Trevi-Andrade, Espinosa Villarrreal, secuestradores famosos y célebres narcotraficantes). Ciertos reporteros informan y tratan de convencer al mismo tiempo, sin hacer una clara distinción entre el deber de informar con imparcialidad y el derecho de emitir opiniones personales. Hacen mal uso de sus abundantes recursos técnicos, cuando construyen héroes, fabrican villanos, sobre pedido o según sus particulares intereses. Suelen erigirse en jueces del acontecer mexicano en un escenario donde no faltan los elementos melodramáticos propios de toda telenovela. Así, el público espectador ha observado el caso Stanley y otros asuntos de mayor relevancia social y política, como un sainete más del género, en el que fantasía y realidad se entremezclan en una atractiva síntesis propia de una tragicomedia. Lejos están los argumentos racionales, el análisis jurídico, el sistema judicial, la ley. Todo eso parece accesorio. La inocencia o culpabilidad de los actores la construyen entre espectadores y empresas dedicadas al negocio del espectáculo. El tribunal de la televisión ha emitido su sentencia, al margen de la ley, sin tocar el expediente del caso, ni conocer los pormenores de los hechos. La sociedad pareciera haber difundido su veredicto prematuramente, gracias a los comentaristas de los medios, aunados a las encuestas que nos intentan persuadir de una opinión atribuida a "la mayoría de los mexicanos". Nunca nos dicen cómo se construyó la muestra, su tamaño, la metodología empleada, mucho menos nos hablan de los márgenes de error y confiabilidad de sus datos. Estos sondeos de opinión, las cotidianas encuestas televisivas, que no resistirían el mínimo examen sociológico en cuanto a su seriedad y rigor metodológico, así como las interpretaciones pretendidamente informativas de los comentaristas de noticieros, difunden una posición sobre los problemas actuales, más que informar o reflejar la opinión de un segmento de la sociedad. Las reacciones triunfalistas ante el provisional desenlace del caso Stanley nos alertan sobre el peligro de convertir a los presentadores de televisión en los adalides posmodernos de una supuesta moral oficial, propalada desde los púlpitos electrónicos, en una suerte de virtual inquisición, no exenta de linchamientos simbólicos. Además, nos remite a la presunción de que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad, pues lo importante no es la culpabilidad o la inocencia de alguien, de acuerdo a una investigación policiaca y a los elementos ofrecidos ante el juez; sino que lo determinante es la imagen que se le asigna a cada uno de los personajes de esta historia, para convertirlos en productos de consumo masivo mediante la mercadotecnia electrónica.
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